Abogado corporativo y mercantil para empresas

Los de la empresa y los de quien la dirige: contratos entre empresas, conflictos entre socios, reclamación de deudas comerciales, concurso y reestructuración, y la responsabilidad de los administradores. No llevamos divorcios ni multas de tráfico.

Sí. La mayor parte de lo que llevamos es de pymes y de autónomos con sociedad, que son quienes menos margen tienen para equivocarse con un contrato o con un plazo.

Nos cuenta qué ha pasado y nos manda los papeles que tenga: contrato, facturas, actas, correos. Sale con un criterio por escrito: qué riesgo hay, qué plazos corren y qué opciones tiene, también si la respuesta es que no compensa seguir.

Sí. Lo mercantil se trabaja sobre documentos, plazos y escritos, y eso se lleva igual de bien a distancia que en persona.

Es el momento más barato para hacerlo. El borrador suele venir redactado por la otra parte y a su favor: señalamos las cláusulas que le perjudican y proponemos un texto alternativo que se pueda negociar.

Primero, leer los estatutos y el pacto de socios, si lo hay, porque muchas salidas ya están previstas ahí. Si no, la ley ofrece vías como la impugnación de acuerdos, el derecho de separación o, cuando los órganos sociales quedan paralizados, la disolución. Cuál conviene depende de cada caso.

Reclamarla pronto y por escrito, con un requerimiento que deje constancia de la fecha y del contenido, como un burofax. Si sigue sin pagar, la factura y el contrato o el pedido permiten acudir al procedimiento monitorio, pensado para deudas de dinero que se acreditan con documentos.

Cuando no puede cumplir con regularidad sus obligaciones. El administrador tiene dos meses desde que conoció o debió conocer la insolvencia para solicitarlo, y dejar pasar ese plazo hace presumir que el concurso es culpable.

Cuando causa un daño por actos contrarios a la ley o a los estatutos o sin la diligencia del cargo. Y, de forma casi automática, cuando la sociedad está en causa de disolución y no convoca la junta en plazo: entonces responde de las deudas sociales posteriores.

Si las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, la sociedad está en causa de disolución. El administrador tiene dos meses para convocar la junta, que debe acordar la disolución o remover la causa, por ejemplo ampliando o reduciendo capital, o pedir el concurso si hay insolvencia.

Para dejar por escrito lo que los estatutos no dicen: cómo se toman las decisiones importantes, qué pasa si un socio quiere salir, cómo se valoran sus participaciones y cómo se resuelve un bloqueo. Firmado antes del conflicto, ahorra muchos pleitos entre socios.

Se dice por escrito antes de empezar y depende del encargo. Lo que se puede acotar, como revisar un contrato o preparar una reclamación, va a precio cerrado.

Sí. Todo lo que nos cuente sobre su asunto queda protegido por el secreto profesional del abogado, también si al final no nos lo encarga.